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La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Unidad Central de Redes de Inmigración Falsificaciones de Madrid (UCRIF), y la Inspección Provincial de Trabajo de Toledo, han procedido a la detención de F.A.C.D, de 39 años de edad, como presunto autor de 27 delitos contra los derechos de los trabajadores.
El detenido es un empresario responsable de una empresa de manipulados y retractilados situada en una nave de la localidad de Chozas de Canales (Toledo), quien incumpliendo la normativa vigente relativa a la legislación laboral y de inmigración, en el momento de la intervención policial conjunta con la Inspección de Trabajo, tenía trabajando a 27 ciudadanos extranjeros sin dar de alta en la Seguridad Social, 7 de los cuales se hallaban en situación irregular en nuestro país, informó la Policía Nacional en nota de prensa.
Una vez realizada la inspección en la nave sede de la empresa, se procedió a oír en declaración a los trabajadores, los cuales se dedicaban a la manipulación y confección de material publicitario para distintas firmas comerciales, quienes manifestaron las duras condiciones laborales en las que se encontraban, cobrando cantidades de dinero mensuales entre doscientos y quinientos euros, muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional y trabajando un elevado número de horas diarias tanto en la nave como en sus domicilios, todos los días de la semana.
Abuso de superioridad
Hay que señalar el abuso de superioridad que sobre los trabajadores detenidos en situación ilegal en España se ejercía, ya que éstos al desconocen el idioma, no tener documentación que les habilite para residir y trabajar en España, y por sus escasos recursos económicos, que hace prácticamente imposible que encuentren medios de subsistencia dignos, son presa fácil para ser contratados por este tipo de empresas en unas ínfimas condiciones tanto laborales como económicas.
La empresa inspeccionada daba servicio a distintas marcas comerciales para confeccionar sus productos publicitarios, con gran competitividad de precios y rapidez de respuesta en los encargos, debido a que se ahorraba grandes cantidades de dinero en relación a las cotizaciones a la Seguridad Social, cantidades defraudadas a los trabajadores, de los cuales algunos llevaban trabajando en la empresa más de tres años. Se trata en sí de una práctica de competencia desleal frente a las empresas que cumplen con la normativa laboral.
Por su parte la Inspección Provincial de Trabajo de Toledo levantó su correspondiente acta de inspección laboral, por lo que el propietario de la empresa se enfrenta a una multa de 82.500 euros aproximadamente por tener trabajando a estos 27 ciudadanos extranjeros sin cumplir los requisitos legales y laborales.
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